TEXACO abandonó Ecuador en 1992. En ese año muchos YASunidos no habíamos nacido aún y los mayores con seguridad no llegaban a los cinco años. Para muchos de nosotros, el caso Aguinda VS Texaco ha existido siempre, de los pueblos Tetetes y Sansahuaris apenas hemos conocido el nombre de un pozo petrolero grabado en un letrero que da la bienvenida en una estación de Sucumbíos. Para conocer la realidad de los afectados por Chevron hemos viajado incontables ocasiones a las zonas operadas por la empresa, conversado con los afectados, conociendo su realidad y los argumentos de sus defensores.
Acompañar este proceso ha sido uno de los honores más grandes que este colectivo y quienes lo integramos hemos podido tener. La oportunidad de comprender y entender las consecuencias desastrosas que provoca el extractivismo petrolero en ecosistemas tan frágiles como la Amazonía del Ecuador y la falacia de “la mínima huella” o la “tecnología de punta”, nos ha inspirado a defender el Yasuní y a no claudicar ni renunciar a nuestros principios cuando se trata de denunciar los abusos del poder contra los ciudadanos.
El pasado 30 de agosto el país fue nuevamente víctima de un revés jurídico importante; el tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje falló en contra del Estado ecuatoriano en el caso Chevron III, revictimizando a los afectados por la contaminación petrolera de esta empresa criminal; la novelería de firmar Tratados Bilaterales de Inversión (TBI’s) tiene este momento al Ecuador con al menos 35 litigios internacionales con empresas transnacionales que se han sentido afectadas por las políticas económicas del Estado.
El litigio contra la empresa inició en 1993 por parte de los afectados por Texaco, mucho antes de que el país firmara con Estados Unidos un Tratado Bilateral de Inversión en 1997, cuya aplicación retroactiva ha servido como pretexto por la empresa para comprar su impunidad, dejar a las víctimas nuevamente en indefensión y burlarse del sistema de justicia Ecuatoriano.
Como YASunidos rechazamos esta burda maniobra por buscar la impunidad, evitar enfrentar la justicia en el Ecuador y dar la cara a los miles de afectados que aún hoy sufren todos los días las consecuencias de su criminal operación.
Chevron es culpable. Durante su operación en el país vertió intencionalmente miles de galones de agua de formación a esteros y fuentes de agua, quemó millones de pies cúbicos de gas, es responsable directa de centenares de derrames petroleros que no sólo afectaron ríos, tierras y aire, sino que provocaron la injusta muerte de inocentes pobladores, indígenas y colonos que tuvieron la desgracia de habitar en territorios aledaños a las zonas donde esta empresa trabajó; su actitud beligerante quedará registrada en la historia como un capítulo más de cómo la impunidad transnacional manipula a su antojo el sistema internacional de justicia para culpabilizar a las víctimas.
Exigimos al Estado ecuatoriano, pero en particular al Procurador General del Estado, Dr. Íñigo Salvador, que agote todos los recursos internacionales disponibles, en especial la demanda de nulidad ante los tribunales de justicia de La Haya. Las autoridades ecuatorianas, en especial desde el Ejecutivo deben defender los intereses del país, antes que realizar declaraciones antojadizas sobre los beneficios que este Laudo trae consigo. Nos referimos en particular al Ministro Pablo Campana, que ya en el 2017, anunciaba la intención del gobierno de buscar un acercamiento con Chevron y resolver el caso. Es tarea del actual gobierno, de sus funcionarios, proteger a las víctimas de Chevron y utilizar todos los sistemas internacionales de garantía de Derechos Humanos.
Reiteramos toda nuestra solidaridad con los afectados por Chevron-Texaco, este fallo nos afecta como país, rechazamos cualquier tipo de polarización y oportunismo político en el caso más importante de la lucha contra la transnacional Chevron.
¡Apóyanos! ¡Expresa tu opinión en redes!
Sube una foto o un video exigiendo a las autoridades del Estado para que actúen en consonancia con la defensa de los Derechos Humanos de los afectados por Chevron y exige al Procurador Íñigo Salvador que agote todos los recursos disponibles a nivel internacional para revertir este fallo ilegítimo.
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