El 23 de agosto de 2022, en la ciudad de Brasilia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará la audiencia pública del caso N° 12.979 Pueblos Indígenas Tagaeri-Taromenane vs. Ecuador, en el marco de su 150 Periodo Ordinario de Sesiones.
Este caso que inició en el año 2006, por petición de Fernando Ponce y otros a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane; y ha sido impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y YAsunidos.
El caso se refiere a la alegada responsabilidad del Estado ecuatoriano por una serie de violaciones sistemáticas a los derechos de los Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane, quienes han sido afectados principalmente por la implementación de proyectos petroleros que presionan y reducen su territorio ancestral, acaban con sus recursos naturales y cambian su modo de vida. Entre los hechos por los que va a ser juzgado el Estado Ecuatoriano son las muertes violentas de sus miembros suscitadas en los años 2003, 2006 y la masacre del año 2013.
Los Tagaeri-Taromenane habitan la región del Yasuní, ubicada entre las Provincias de Pastaza y Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, que es considerada como una de las regiones más biodiversas del planeta. Pese a que la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho al territorio de los pueblos aislados y prohíbe toda actividad extractiva en sus tierras, el Estado ecuatoriano no ha garantizado este derecho. Estos pueblos han sido permanentemente amenazados por la extracción petrolera y la falta de control de la tala para madera en la zona.
Los Tagaeri y Taromenane son pueblos que dependen completamente de la selva para vivir.
“El gobierno no puede seguir vendiendo nuestro territorio y nuestros derechos a las petroleras. Nuestra selva compartida con los Tagaeri y Taromenane, es nuestro supermercado, hospital, farmacia, ferretería, escuela, también es nuestro cementerio, nuestra casa. Si siguen destruyéndola con sus carreteras, pozos, motosierras, mecheros, nos matan también a nosotros. La selva es nuestra vida, nuestro hogar y nuestra tierra ancestral. Es la esperanza de futuras generaciones,” afirma Alicia Cahuiya, mujer Waorani, Dirigente de la CONAIE.
Datos del caso:
El 5 de octubre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que examine la responsabilidad del Estado ecuatoriano; ya que consideró que no se cumplieron con las recomendaciones que estableció en su informe de fondo Nro. 152/19 respecto a las medidas de reparación que debía adoptar el Estado para reparar los derechos violados de los pueblos aislados.
En el referido informe, la Comisión Interamericana concluyó que:
El territorio ancestral de estos pueblos excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane (ZITT) establecida por el Estado; que la categoría legal de zona intangible no cumple con las condiciones de un título de pleno dominio para los pueblos aislados; que existe una asimetría respecto de la protección de la propiedad ancestral de los pueblos aislados en relación con la protección y promoción de las iniciativas de uso de sus territorios para fines económicos a través de la extracción de sus recursos. Por lo que el Ecuador sería responsable por la violación a los derechos a la vida, la integridad, las garantías judiciales, la propiedad colectiva, la circulación, los derechos de la niñez y los derechos sociales de los pueblos en aislamiento reconocidos en varios artículos de la Convención Americana.
En esta audiencia intervendrán la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que elevó el caso a la Corte; los representantes de los peticionarios (CONAIE y Yasunidos) que actúan a favor de los pueblos aislados; la representante de la niña en reciente contacto Conta y el Estado ecuatoriano. Asimismo, participarán peritos y testigos presentados por las partes.
La audiencia será transmitida en directo por las redes sociales de la Corte IDH, el 23 de agosto de 2022, desde las 06h30 am (hora Ecuador): https://www.facebook.com/CorteIDH/live
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