COMUNICADO | Audiencia en el TCE caso Consulta Popular Yasunidos y coyuntura actual

Ecuador vive una profunda crisis económica, social y política que amenaza de manera alarmante la vida humana y no humana, la de los pueblos y nacionalidades y la de la naturaleza. Las medidas que apuntan a la precarización del empleo, el incremento del precio de los combustibles y de la canasta básica, repercuten directamente en la posibilidad de alcanzar una vida digna para todos y todas. El gobierno de Lasso en contubernio con la Asamblea Nacional, han optado por promulgar leyes que habilitan el uso progresivo de la fuerza, mientras se producen masacres carcelarias, se deja intacta la reforma policial y se criminaliza la pobreza. El actual gobierno ha enfocado su política económica en aumentar las ganancias de los grandes empresarios en detrimento de las grandes mayorías, que hoy están más precarizadas y emprobecidas. Para esto persiste en la misma fórmula de gobiernos anteriores: la ampliación de la frontera extractiva, la firma de contratos con empresas trasnacionales petroleras y mineras y la violación de la Constitución y los derechos de los pueblos y nacionalidades que habitan en esos territorios.

Las declaraciones vertidas por el presidente Lasso el 24 de mayo de 2022 en el marco de su informe al país, no pueden ser más contundentes: “Ahora que la tendencia es el abandono de los combustibles fósiles, llegó el momento de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”. Para este gobierno el objetivo central es aumentar la producción de los bloques 16 y 67, así como del campo Ishpingo-Tambococha Tiputini (ITT). Esto se suma a que Petroecuador firmó ya un memorando de entendimiento con Petrolia, filial de la empresa canadiense New Stratus Energy (NSE), por 1.200 millones de dólares en inversiones condicionadas a la ampliación del plazo de sus contratos petroleros en el país. Así mismo, NSE presentó un plan para construir un oleoducto y “conectar los bloques 16, 31 e ITT y aumentar la producción petrolera estatal”, así como la “perforación de 200 pozos en los bloques ITT y 31”, todo esto en el contexto del Decreto 95  que busca duplicar la producción petrolera en el país.

Ante esto, la Alianza por los Derechos Humanos y el colectivo YASunidos hemos presentado una serie de acciones legales en donde se ha convocado a las instituciones para que respondan frente a las vulneraciones de derechos que hemos demandado con el fin de detener las actividades extractivas y defender la vida de los pueblos y de la naturaleza. Las audiencias que tendrán lugar en los próximos días, tienen por objetivo dar a conocer todas las vulneraciones de derechos cometidas contra los pueblos en aislamiento, PIA, y la falta absoluta de cumplimiento de la Asamblea Nacional y en especial de la Comisión de Biodiversidad presidida por Washington Varela, que meses atrás promulgó una declaratoria de interés nacional para proteger los territorios ubicados en los bloques 31 y 43.

Finalmente el día de hoy 10 de junio a las 15h00, tendrá lugar la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para el caso de la Consulta Popular de YASunidos, dispuesta por la Corte Constitucional después de casi 10 años de lucha. El TCE deberá acatar lo dispuesto por la Corte y conocer y revisar el informe elaborado por el CNE que concluye la existencia de fraude con la negativa de la consulta popular de 2014, así como la obligatoriedad del Estado ecuatoriano para reparar todos los derechos vulnerados.

Por lo anterior, exigimos:

1. Que el presidente de la República, Guillermo Lasso se abstenga de firmar nuevos contratos de extracción petrolera en los bloques 31 y 43, ya que éstos terminarán siendo anulados legalmente, y podrían constituir un enorme perjuicio al Estado ecuatoriano.
2. Que el presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, Washington Varela, suspenda las actividades petroleras en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, hasta que se cumpla la Declaratoria de Interés Nacional promulgada por la misma Asamblea.
3. Que el Tribunal Contencioso Electoral, ejecute lo dispuesto por la Corte Constitucional, actúe en derecho y repare los derechos vulnerados de más de 756 mil personas que firmaron para que se realice la consulta popular y se salve al Yasuní y a los PIA, y se repare a quienes se hizo fraude.

Por último, nos sumamos a la movilización indefinida del 13 de junio del presente año, convocada por la CONAIE y otras organizaciones, y hacemos un llamado para que todas las organizaciones, colectivos y personas que creemos que es urgente construir un país más justo y plurinacional, salgamos juntos y juntas a las calles a defender la vida contra el proyecto de muerte, despojo y exterminio de este gobierno y los empresarios.

Colectivo YASunidos