El día de ayer, miércoles 12 de abril, luego de 181 días de espera, la Corte Constitucional del Ecuador avocó conocimiento del caso de la iniciativa de consulta popular de YASunidos, convocando a su respectiva audiencia para el próximo martes 18 de abril a las 10h00.
Es la primera vez que, en los diez años que lleva el proceso, la Corte Constitucional convoca a una audiencia para el presente caso. Si bien la convocatoria a audiencia es optativa de la Corte, la realización de la misma es fundamental porque permitirá que el colectivo YASunidos finalmente sea escuchado ante el máximo organismo de justicia en el país.
De igual manera, consideramos que es positivo que la Corte, de oficio, haya solicitado información sobre la situación de la explotación en el Yasuní-ITT (bloque 43) a diversas entidades estatales, precisamente la información que ha sido sistemáticamente ocultada por parte del Estado ecuatoriano durante todos estos años.
La espera de más de seis meses para que la Corte avoque conocimiento en la causa 6-22-CP, convierte al proceso del Yasuní, no solamente en la primera iniciativa convocada desde la ciudadanía a nivel nacional, sino también en la iniciativa que más ha tardado en tener un dictamen por parte de la Corte Constitucional del Ecuador.
Con la consulta cada vez más cerca, tenemos la certeza de que esta lucha histórica no solo logrará la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane) y de la biodiversidad del Yasuní, sino también abrirá la puerta a consolidar el derecho de ejercer la democracia directa y participativa en el país.
Ahora, más que nunca, nos necesitamos unidas y unidos por el Yasuní!
“La pregunta de Yasunidos apuntaba a dejar el petróleo bajo tierra. Sin embargo, los tres campos del bloque 43 ya producen, en promedio, 50.446 barriles diarios. La demora de más de ocho años en el trámite de la consulta popular de Yasunidos cambió radicalmente el escenario en el que esta se aplicaría.“
“El TCE resolvió reconocer fallas estatales en el proceso de pedido de consulta popular por el Yasuní. La pregunta pasará a la Corte Constitucional.
El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) decidió aceptar la apelación del colectivo Yasunidos, dentro del proceso para la consulta popular por la explotación petrolera en el Yasuní, en Orellana. Esta iniciativa empezó en el 2014.”
El gobierno de Guillermo Lasso experimenta la tercera y última bonanza petrolera a costa de ampliar la frontera extractiva, sacrificar la naturaleza y despojar territorios indígenas. Contradictoriamente, su administración se enmarca en el agravamiento de la pobreza, de la desigualdad y de la violencia institucional. En ese contexto crítico el gobierno plantea una consulta popular que raya en la inconstitucionalidad, lo innecesario y peligroso.
Contrario a plantear rectificaciones de fondo, las preguntas presentadas por Guillermo Lasso son un intento desesperado por:
Concentrar los otros poderes del Estado;
Legitimarse disfrazando su incapacidad de garantizar los derechos contemplados en la Constitución, tal como lo hizo Moreno en la consulta popular del 2018;
Fortalecer el rol nefasto de la polícia y de las fuerzas armadas ligadas al narcotráfico, la desaparición de personas, corrupción y violación de derechos humanos;
Criminalizar la protesta y estigmatizar a los movimientos sociales;
Desmantelar el manejo comunitario de los páramos, lagunas, ríos, humedales, a través de un sistema de áreas protegidas controlado ya por el ejecutivo, que en ocasiones previas, y como lo demuestran las cifras, termina siendo vulnerado para diversos intereses extractivos;
Privatizar y mercantilizar la naturaleza a través de los fallidos mercados de carbono. Lasso compara utilitariamente a la naturaleza con “edificios, máquinas y carreteras».
Las preguntas 7 y 8 de la consulta abordan la protección hídrica y los servicios ambientales. A simple vista, estas preguntas parecerían positivas para la naturaleza, pero ambas afectan directamente los Derechos de la Naturaleza y los de las comunidades.
En definitiva, si hay algo que nos queda claro es que a este gobierno no le importa garantizar la vida digna, la democracia y mucho menos asegurar todo aquello que permita cuidar a las generaciones futuras.
La negativa de Lasso para escuchar las demandas del movimiento indígena tras el levantamiento de junio de 2022 y la profundización del extractivismo, muestran que solamente existe una agenda de destrucción de la naturaleza para el enriquecimiento de un reducido grupo económico.
Esto no es nuevo, y los sucesivos gobiernos han tratado de instrumentalizar las luchas ecologistas para autolegitimarse en el poder, lo cual no permitiremos que vuelva a suceder.
Rechazamos la propuesta inconstitucional de consulta popular de Lasso y exigimos que la Corte Constitucional actúe en derecho y niegue la vía de enmienda. Las únicas consultas populares que tienen legitimidad para convocarse en estas elecciones son aquellas que vienen del pueblo y ponen en debate problemas de fondo, como son la del Yasuní y #QuitoSinMinería.
El pasado martes 23 de agosto tuvo lugar en Brasilia la audiencia de juzgamiento convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso los pueblos en asilamiento Tagaeri y Taromanene vs. Ecuador. A esta audiencia asistieron la delegación de los representantes de los peticionarios conformada por CONAIE y Yasunidos, que participaron a favor de los derechos de los pueblos aislados. Por parte de la CONAIE compareció Leonidas Iza y Zenaida Yasacama, presidente y vicepresidenta respectivamente; y Pedro Bermeo G., representante del colectivo YASunidos; quienes estuvieron acompañados de sus abogados defensores. También estuvo presente el presidente de la NAWE, Gilberto Nenquimo, la presidenta de la AMWAE, Mencay Nenquihui, y la dirigenta de la mujer de la CONAIE, Alicia Cahuiya, que es además testigo en el presente caso.
La audiencia inició con la presentación del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya delegación estuvo encabezada por la comisionada Arosemena. Asimismo compareció el Estado Ecuatoriano a través de la Procuraduría General del Estado.
De igual manera acompañaron a la audiencia varias organizaciones indígenas de Brasil como COIAB, APIB, CIMI, OPI, ISA.
En la primera parte de la audiencia se proyectó Konta, (niña Tagaeri que sobreviviente de la masacre del 2013); Penti Baihua, adoptante de Konta y representante del pueblo Waorani Baihuaeri, donde se pudo evidenciar el impacto de las actividades extractivas y las afectaciones a los derechos de Konta.
Luego, se escuchó a la experta Laura Rival, quien hizo un peritaje sobre las presiones externas en el territorio Waorani y la relación entre los pueblos de reciente contacto y con los Tagaeri, Taromenane y otros pueblos aislados.
Posteriormente se escuchó a un testigo presentado por el Estado, quien era funcionario de la empresa petrolera pública, donde se pudo evidenciar todas que a pesar de un supuesto régimen de control ambiental, no se cuenta con salvaguardas específicas para proteger a los pueblos aislados y se siguen construyendo plataformas y carreteras que provocan graves impactos en la zona.
Durante la tard se expuso en los alegatos de las partes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de CONAIE y Yasunidos se expuso las vulneraciones del Estado ecuatoriano y las empresas extractivas que operan en la zonaque era territorio ancestral waorani, que han afectado a la vida, la integridad, el territorio, entre otros derechos de los pueblos en aislamiento. .- Igualmente, se hizo una propuesta de reparación que realmente garantice la sobrevivencia de los PIAV, que incluye la titulación de parte de la ZITT y franja de amortiguamiento, la titulación del territorio a favor de los pueblos en aislamiento que está en Parque Nacional Yasuní, manteniendo su protección de area protegida y el incremento de la ZITT a todas las zonas en donde existe señales de presencia y movilidad (sea esta estacional o cíclica); lo que implica, en suma, crear una zona común de paz que cubra todo el territorio ancestral waorani donde, en coordinación con las comunidades indígenas, se promuevan políticas de protección, de vida y no extractivas.- Si bien el Estado hizo un reconocimiento internacional de responsabilidad parcial de las muertes ocasionadas en los años 2003 y 2006 por falta de investigación; sin embargo mantiene su postura de que no asumir responsabilidad por las omisiones y acciones que han afectados a los pueblos en aislamiento. Cabe reslatar que el Estado tampoco reconoce su responsabilidad en la masacre del 2013.
A pesar de los intentos del Estado de eludir su responsabilidad, quedó evidenciado en la audiencia que existen actividades extractivas tanto en el territorio ancestral de los PIA, como también en la franja de amortiguamiento de la ZITT, lo cual afecta gravemente a los mismos.
Hasta la última semana de septiembre las partes deben entregar sus alegatos escritos para que la Corte IDH pueda emitir una sentencia definitiva.
