A las ciudadanas y los ciudadanos del Ecuador, en especial a quienes firmaron el respaldo a la petición de que se convoque a consulta popular la explotación del petróleo en el YASUNI.
El colectivo YASunidos ha decidido, en asamblea de sus miembros, lo siguiente:
No acudir a otras instancias nacionales, en particular a la Corte Constitucional, planteando un recurso extraordinario, porque una vez que hemos agotado las instancias ordinarias, no hace falta acudir a las extra-ordinarias, para acudir a los organismos internacionales para hacer valer ante estos organismos los derechos constitucionalmente garantizados, como el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, y además por las siguientes razones.
Como le consta al pueblo ecuatoriano, todos los organismos de la Función Electoral han demostrado en el Caso YASunidos y otros: falta y total de independencia
Inexistencia de un estado constitucional de derechos y de justicia.
Tampoco confiamos en la Corte Constitucional porque ya contra toda razón y contra la opinión pública y sin suficiente motivación decidió no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta planteada por YASunidos hasta que el CNE no verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución y la ley para la convocatoria de consulta popular por iniciativa ciudadana.
La misma desconfianza nos inspira la Función Judicial
Durante el nefasto proceso de verificación de firmas realizado por el CNE algunos ciudadanos interpusieron medidas cautelares de carácter constitucional ante los jueces de la función judicial para evitar la violación a sus derechos de participación, de manera sistemática éstos recursos fueron denegados sin una debida motivación y sin argumentos convincentes por parte de los jueces.
La sistemática intimidación y persecución de los órganos de control respectivo a los jueces que deciden en contra del gobierno central constituye una razón para que en la práctica estos recursos se vuelvan completamente inadecuados e inefectivos para la protección de los derechos de los ciudadanos contra el Estado.
