El gobierno de Guillermo Lasso experimenta la tercera y última bonanza petrolera a costa de ampliar la frontera extractiva, sacrificar la naturaleza y despojar territorios indígenas. Contradictoriamente, su administración se enmarca en el agravamiento de la pobreza, de la desigualdad y de la violencia institucional. En ese contexto crítico el gobierno plantea una consulta popular que raya en la inconstitucionalidad, lo innecesario y peligroso.
Contrario a plantear rectificaciones de fondo, las preguntas presentadas por Guillermo Lasso son un intento desesperado por:
Las preguntas 7 y 8 de la consulta abordan la protección hídrica y los servicios ambientales. A simple vista, estas preguntas parecerían positivas para la naturaleza, pero ambas afectan directamente los Derechos de la Naturaleza y los de las comunidades.
En definitiva, si hay algo que nos queda claro es que a este gobierno no le importa garantizar la vida digna, la democracia y mucho menos asegurar todo aquello que permita cuidar a las generaciones futuras.
La negativa de Lasso para escuchar las demandas del movimiento indígena tras el levantamiento de junio de 2022 y la profundización del extractivismo, muestran que solamente existe una agenda de destrucción de la naturaleza para el enriquecimiento de un reducido grupo económico.
Esto no es nuevo, y los sucesivos gobiernos han tratado de instrumentalizar las luchas ecologistas para autolegitimarse en el poder, lo cual no permitiremos que vuelva a suceder.
Rechazamos la propuesta inconstitucional de consulta popular de Lasso y exigimos que la Corte Constitucional actúe en derecho y niegue la vía de enmienda. Las únicas consultas populares que tienen legitimidad para convocarse en estas elecciones son aquellas que vienen del pueblo y ponen en debate problemas de fondo, como son la del Yasuní y #QuitoSinMinería.
YASunidos