El gobierno de Guillermo Lasso experimenta la tercera y última bonanza petrolera a costa de ampliar la frontera extractiva, sacrificar la naturaleza y despojar territorios indígenas. Contradictoriamente, su administración se enmarca en el agravamiento de la pobreza, de la desigualdad y de la violencia institucional. En ese contexto crítico el gobierno plantea una consulta popular que raya en la inconstitucionalidad, lo innecesario y peligroso.

Contrario a plantear rectificaciones de fondo, las preguntas presentadas por Guillermo Lasso son un intento desesperado por:

1. Concentrar los otros poderes del Estado; 
2. Legitimarse disfrazando su incapacidad de garantizar los derechos contemplados en la Constitución, tal como lo hizo Moreno en la consulta popular del 2018; 
3. Fortalecer el rol nefasto de la polícia y de las fuerzas armadas ligadas al narcotráfico, la desaparición de personas, corrupción y violación de derechos humanos; 
4. Criminalizar la protesta y estigmatizar a los movimientos sociales;
5. Desmantelar el manejo comunitario de los páramos, lagunas, ríos, humedales, a través de un sistema de áreas protegidas controlado ya por el ejecutivo, que en ocasiones previas, y como lo demuestran las cifras, termina siendo vulnerado para diversos intereses extractivos; 
6. Privatizar y mercantilizar la naturaleza a través de los fallidos mercados de carbono. Lasso compara utilitariamente a la naturaleza con “edificios, máquinas y carreteras».

Las preguntas 7 y 8 de la consulta abordan la protección hídrica y los servicios ambientales. A simple vista, estas preguntas parecerían positivas para la naturaleza, pero ambas afectan directamente los Derechos de la Naturaleza y los de las comunidades.

En definitiva, si hay algo que nos queda claro es que a este gobierno no le importa garantizar la vida digna, la democracia y mucho menos asegurar todo aquello que permita cuidar a las generaciones futuras.

La negativa de Lasso para escuchar las demandas del movimiento indígena tras el levantamiento de junio de 2022 y la profundización del extractivismo, muestran que solamente existe una agenda de destrucción de la naturaleza para el enriquecimiento de un reducido grupo económico.

Esto no es nuevo, y los sucesivos gobiernos han tratado de instrumentalizar las luchas ecologistas para autolegitimarse en el poder, lo cual no permitiremos que vuelva a suceder.

Rechazamos la propuesta inconstitucional de consulta popular de Lasso y exigimos que la Corte Constitucional actúe en derecho y niegue la vía de enmienda. Las únicas consultas populares que tienen legitimidad para convocarse en estas elecciones son aquellas que vienen del pueblo y ponen en debate problemas de fondo, como son la del Yasuní y #QuitoSinMinería.

YASunidos