CARTA DE APOYO AL DOC. JULIO CÉSAR TRUJILLO
| Pronunciamientos
La Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador, conformada por distinguidos ecuatorianas y ecuatorianos, entre ellos el doctor Julio César Trujillo, fue creada por iniciativa ciudadana para fiscalizar una de las obras “emblemáticas” del gobierno nacional, pues las autoridades de control han perdido credibilidad, por la falta de independencia del Ejecutivo evidente desde hace algunos años.
El primer informe de la Comisión, se refirió al contrato de la obra de construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, que fue convenido por USD 124.881.250, pero al final se pagó USD 227.389.966, lo cual supone un sobreprecio exagerado, que pretenden justificar mediante la suscripción de contratos complementaros, a pesar de que las normas de contratación pública prohíben que estos contratos excedan el 35% del monto inicial.
Estas irregularidades, entre otras, son las que evidencian en su informe los miembros de la Comisión, y por este hecho han sido acreedores de una denuncia penal en su contra por parte de las autoridades aludidas: Ministro de Electricidad, CELEC y Prefecto de Pichincha. La valentía y el coraje de hacer pública esta información, y denunciar las irregularidades cometidas por el Estado es digno de aplauso y apoyo público, pues la Comisión está defendiendo los intereses de las ecuatorianas y ecuatorianos perjudicados por la construcción de Manduriacu.
En este contexto, nos solidarizamos con todos los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción del Ecuador, en especial con el Dr. Julio César Trujillo miembro del Colectivo YASunidos, quienes representan la voz de la ciudadanía frente a este hecho vergonzoso. Respaldamos y apoyamos las acciones valientes tomadas por los miembros de la Comisión, que permiten poner en evidencia el mal uso de los fondos públicos. Exigimos a las autoridades del Estado, en particular aquellas que han tomado acciones penales en contra de los miembros de la Comisión, retirar sus acusaciones, pues constituyen una ofensa pública frente al derecho legítimo de los ciudadanos de fiscalizar los actos del poder público.
YASunidos