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CARTA ABIERTA POR LA PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS TAGAERI Y TAROMENANE

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Si deseas adherirte copia la carta, pon tu firma y manda a las siguientes direcciones:rafael.correa@presidencia.gob.ecjorge.glas@vicepresidencia.gob.eclorena.tapia@ambiente.gob.eczunigal@minjusticia.gob.eccon copia a:info@yasunidos.orginfo@amazoniaporlavida.org

Quito, 12 de octubre de 2015

CARTA ABIERTA

Econ. Rafael Correa D.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ing. Jorge Glas E.

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dra. Lorena Tapia

MINISTRA DEL AMBIENTE

Dra. Ledy Zúñiga R.

MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

En sus despachos,

Profundamente preocupados por la inminente entrega de la licencia ambiental para el bloque 55 más conocido como Campo Armadillo por parte del MAE, zona donde se produjeron las muertes de Héctor España y Luis Castellanos en 2005 y 2008 respectivamente; donde se han documentado más de 5.000 registros y testimonios (muchos de ellos recientes); donde los propios documentos del MAE y el Plan de Medidas Cautelares reconocen la presencia de “pueblos indígenas en aislamiento voluntario” [1], alertamos que activar las operaciones petroleras en esta zona del bloque sería fatal para los PIAV, pero también para la credibilidad de su gobierno y la institucionalidad en materia de derechos de los Tagaeri y Taromenane.

Les recordamos que en los dictámenes de la Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, el estado debe asumir:−      que se garantice la posesión ancestral de los territorios que habitan y usan para sus actividades de subsistencia y la intangibilidad de los mismos;−      que se garantice su movilidad de acuerdo a sus patrones culturales;−      que se comprenda que la presencia de los Tagaeri, Taromenani y otros que se encuentren en situación de aislamiento voluntario asegura que vastas porciones del Parque Nacional Yasuní se encuentren en buen estado de conservación;−      que su exterminio no sea jamás considerado como un medio para facilitar las actividades extractivas en la Amazonía, ni como un resultado colateral inevitable”[2].

En las Líneas Estratégicas para la Acción se establece como obligación: Consolidar y potenciar el principio de intangibilidad” y se menciona como prioridad: “Se promoverá a futuro un nuevo ordenamiento territorial que impida las operaciones petroleras en la zona de influencia al territorio ocupado por los Tagaeri y los Taromenani”.

Pero además las recomendaciones del Informe del año 2013 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre  “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”, sección sobre Recursos Naturales[3]: Se  declara que deberá “Abstenerse de otorgar licencias o autorizaciones para realizar actividades relacionadas a la extracción de recursos naturales, como la minería, actividades hidrocarburíferas, de deforestación, ganaderas y agroindustriales, entre otras, en áreas con presencia o tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, incluidas zonas de amortiguamiento”.

Lo obvio, lo sensato, lo correcto y apegado a la ley y a la Constitución es el  cierre definitivo del Bloque 55 (Armadillo), la anulación de toda concesión expedida sobre este, así como la ampliación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane hacia este bloque y más aún hacia definir y alcanzar un territorio que proteja a perpetuidad la integridad, y sus derechos humanos fundamentales evitando así un inminente etnocidio.

“Un pozo más en el Yasuní, un día menos en la existencia de los Tagaeri y Taromenane”.


[1]El Ministerio de Ambiente y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, enviaron en abril de 2013 un mapa (http://bit.ly/1LmSnht) en donde se identifica la ubicación de cuatro grupos de PIAV, entre ellos el “Grupo Armadillo”.

[2] “Política Nacional para los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario”; Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Pp. 6, 7

[3] “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”, sección sobre Recursos Naturales”; Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pp. 81

Atentamente,

YASunidos

Jorge Herrera

Franco Viteri 

Raúl Moscoso  

Fernando Ponce 

Ramiro Ávila Santamaría 

Alberto Acosta 

Aurora Donoso 

Julio César Trujillo     

Esperanza Martínez 

Carlos Pérez  

Elsie Monge

Alexandra Almeida 

José Proaño 

Ivonne Yánez

Milagros Aguirre

Joan Martínez Alier 

Carlos Larrea

Katy Álvarez 

Nina Gualinga             

Laura Rival

Christoph Baumann   

Carlos Andrés Vera   

Roque Sevilla

Blanca Chancoso

Nidia Arrobo

Comité de Derechos Humanos de Orellana

Walter Mena- Presidente Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica

Colectivo ARTOS de Manta

Pablo Cardoso

Daniel Pérez Creus

Ongd AFRICANDO

Rebecca Zehr

Irene Donoso Vallejo

Fernando Larrea

Vicente Martínez

Michelle Báez

Leandro Velasco

Guadalupe Rodríguez


Salva la Selva

Philip Gondecki

Charlotte Gengenbach

José Gabriel Rivas Ducca, biólogo-ecologista- Costa Rica

Julio César Maya G.- Corporación La Ceiba

Blandine Gravelin

Jorge Corral

Emilio Chong-  ActivismoGlobal

Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur

Comité de Derechos Humanos de Orellana

Cabildo por las Mujeres de Cuenca

Yasunid@s – Guapondelig

Frente por la Salud de los Pueblos – Azuay

Fernando Pico

Alessandra Dirani Aguilar

María José Racines

Econ. Diana Sharom Cabrera Montecé MSc.
Drte. Ciencias Económicas
Universidad Autónoma Metropolitana – México

Carmen Seco Pérez

Aída Quinatoa

María Moreno de los Ríos

Alfredo E.Calcagno – Argentina

Alfred Henkel – Alemania

Fausto Valero Alvarez – Ballenita Sí . Organización Comunitaria

Verónica Potes

Rebeca Donoso C.

Sara Silva Rodríguez 

Melissa Moreano

Victoria Carrasco

Eugenio Bayancela

Rafael Vasconez

María Belén Moncayo

Miriam Hinkelman, United Staes of America

Sandra Flemisch

Eulalia Carrasco Andrade

Sara Cordeon

 Chloé Mecqinion

Jorge Iván Reyes

Valeria Orellana Ulloa

Billy Navarrete

Rocío Bastidas

Andrea Sanaguano

Gaia Calligaris

Wilson Suárez

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